La legalización se cobra por la certificación/apostilla en una determinada administración estatal. Puede ser necesario certificar un documento ante más de una administración.
En la legalización no importan las páginas físicas ni las de traducción, salvo cuando el documento deba ser certificado por la Dirección General "Policía Nacional" (por ejemplo, certificado de posesión de un vehículo, documento de identidad, etc.).

